Un grupo de docentes de la Escuela Agrotécnica de Amaicha del Valle denunciaron que en ese establecimiento se vienen señalando desde hace cinco años numerosas irregularidades (que están asentadas en 70 expedientes), denuncias por persecución y hostigamiento laboral por parte de directivos y funcionarios; y por peleas entre educadores.

Néstor Kalusky, Roberto Fornaciari y Máxima Isabel Pastrana, voceros de una decena de denunciantes, dijeron a LA GACETA que en la escuela ocurren situaciones "poco transparentes" con los fondos que envía el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) para mejoras educativas y de infraestructura.

"Lo que aparece a la vista del público no corresponde a los montos pagados", dijeron; agregaron que en diciembre pasado, el director, Juan Carlos Alvarez, ordenó no inscribir alumnos en la orientación Turismo, tras lo cual el Ministerio la cerró por falta de matrícula.

"Desde 2005 hasta este año, perdimos unos 100 alumnos que ahora cursan en Santa María , Cafayate y Los Zazos", aseguraron los docentes.

No obstante, destacaron que la ministra de Educación, Silvia de Temkin, logró desarmar "una red de tipo mafiosa" de profesores que reportaban 42 horas en la escuela -la máxima carga horaria- en zona desfavorable, y que con la misma carga horaria se desempeñaban en escuelas de Santa María, Cafayate y Los Zazos; así, cobraban por mes alrededor de $ 16.000, cuando es imposible cumplir 84 horas semanales de clase. Reconocen también que, si bien la ministra dictó la resolución 1.113, separándolos del cargo hasta que concluya la investigación, esos docentes siguen prestando servicio en otras escuelas, como adscriptos, y continúan cobrando esos sueldos. Explicaron que por cada uno de los docentes que fue separado, el Estado les paga a dos y hasta a tres profesores más, con lo que la actual planta funcional se incrementó en 60 docentes, para un total de 202 alumnos, que es la matrícula en ese establecimiento.

Expedientes frenados
"Pueblo chico, infierno grande". Así califican los docentes la situación de esta escuela. Sostienen que todos los problemas son conocidos por las autoridades educativas, "desde el supervisor Miguel Dulor, pasando por el director de Enseñanza Técnica, Mario Avila, su asesor Jacobo Esquinazi, hasta la secretaria de Gestión educativa, Silvia Ojeda". Dijeron que la mayoría de los 70 expedientes de denuncias "están frenados en la dirección Técnica y en Gestión educativa", y que no han tenido respuestas. "Incluso, han llegado a cambiar el número de un expediente una vez que ingresó al sistema informático del Ministerio", denunció Kalusky.

Los docentes dijeron que la comunidad educativa reclama la "transparencia de los actos administrativos". "Las cosas cambiarían si se concursara el cargo de director, porque hasta la fecha el Gobierno designa a dedo directores normalizadores sin llamar a concurso y sin que participe la Junta de Clasificación", indicó.

"Esta es una red instalada alrededor de las escuelas técnicas y agrotécnicas, cuyo poder se asienta en dos ejes: la discrecionalidad para designar gente políticamente, y los dineros que envía el INET. Manejan estas escuelas como feudos y harán lo posible para que los denunciantes pasemos a ser denunciados. Para trabajar en esta escuela hay que tener abogado. Nos están inventando cosas para sacarnos del cargo", denunció Pastrana. A su vez, Kalusky mostró fotos de la red de tendido eléctrico. "En teoría, costó $3.500, y está sostenida con tablas de cajón de manzanas, entre las ramas de un árbol", dijo Kalusky.

En tanto, la abogada Alejandra Ruiz Bermúdez aseguró que cuando intervino en el equipo de auditores que envió la dirección Técnica a la Escuela de Amaicha, su informe registró una serie de irregularidades.

"No es casual que a las 48 horas haya sido separada de esa dirección como asesora legal", sostuvo. "Queremos, por el bien de nuestra comunidad educativa, respeto por las leyes, transparencia en la gestión y el fin del hostigamiento a los docentes ", concluyeron.